La sospecha latente sobre los migrantes en Colombia

Por Laura Vásquez Roa.
Fotografías por María Alejandra Sánchez y Jimena Madero.

CAPÍTULO I

Un ciudadano ejemplar

De los cuatro años que llevaba viviendo en Colombia nunca tuve problemas con la ley. Tampoco en Venezuela. Ni siquiera tuve un comparendo de tránsito. Me considero un ciudadano modelo que respeta las leyes, los reglamentos. Siempre trato de cumplir todo en materia de buena conducta porque somos creyentes y nuestro estándar moral es bastante alto”. Así se describe Miguel Ángel Calderón, pero ser un ciudadano ejemplar no sirvió para que le creyeran que no era un espía del gobierno de Maduro. Ser un profesional dedicado, un esposo amoroso, un papá comprometido y un migrante “ejemplar” tampoco fue útil esa tarde del 22 de noviembre de 2019 cuando lo arrestaron.

Cuando Miguel ya terminaba su jornada notó que el ambiente en Bogotá estaba raro. El día anterior había sido el primer día de paro nacional y la ciudad se notaba tensa, así que le envió una nota de voz a su esposa diciéndole que las calles estaban “alborotadas” y que por eso mejor se iba para la casa, en un barrio popular aledaño a una zona exclusiva en el norte de la ciudad. Ya había pasado el mediodía cuando al recorrer una de las vías principales del sector vio una gran presencia de militares. El numeroso grupo custodiaba la entrada del conjunto residencial donde queda la residencia personal del presidente Iván Duque.

CAPÍTULO II

El debido proceso no es un derecho
para los migrantes en Colombia

El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia declara al debido proceso como un derecho fundamental. Se indica que “toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”; que “quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado durante la investigación y el juzgamiento”, y que debe existir un debido proceso público sin demoras injustificadas en donde se presenten pruebas, se pueda controvertir las que se reúnan en su contra y se pueda impugnar la sentencia condenatoria. Además, que no se juzgue dos veces por el mismo hecho. En resumidas cuentas, sin debido proceso no hay garantías de justicia.

La abogada Carolina Moreno, directora de la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes, explica este derecho no es un asunto menor y que “en términos de contrato social aceptamos que el Estado tome decisiones de forma unilateral que pueden restringir nuestros derechos y eso hace parte de la vida en sociedad, pero lo aceptamos bajo una premisa fundamental que es el respeto al debido proceso. Esa es nuestra garantía como ciudadanos ante esa relación de poder que tienen las autoridades y es una forma de garantizar la justicia”.

CAPÍTULO III

Nacionalidades estigmatizadas y
perfilamiento a los más vulnerables

Dos tercios del total de migrantes expulsados de Colombia en 2020 son venezolanos. El otro tercio se divide entre diversas nacionalidades, donde la haitiana es una de las más numerosas. Los 59 migrantes que fueron expulsados en noviembre de 2019 y el caso de un menor de edad en 2020 que estaba vendiendo dulces en la calle, tienen en común que además de ser todos venezolanos, vivían en zonas de Bogotá empobrecidas.

Al respecto, Laura Dib, quien es también ciudadana venezolana y abogada defensora de derechos humanos, habla de cómo su experiencia en la Clínica Jurídica para Migrantes le ha permitido ver que hay un perfilamiento socioeconómico de los migrantes más afectados por las sanciones de expulsión. “Con el tema de la nacionalidad no me atrevería a hacer esa misma aseveración porque en cantidad somos más, pero no podría hablar solamente de los venezolanos porque estoy segura de que una persona haitiana o nigeriana pobre va a ser objeto de este mismo perfilamiento”, explica.

CAPÍTULO IV

Los chivos expiatorios
del paro nacional

En el libro de Levítico 16 del antiguo testamento se relata que el pueblo judío sacrificaba cada año un chivo en nombre de Dios. El propósito del ritual era expiar los pecados cometidos por medio del sacrificio del animal; de allí se origina la expresión “chivo expiatorio”.

La expresión se usa para describir aquellas situaciones en las que se le achaca a una persona culpas ajenas para así eximirse de las propias. Es común que los y las migrantes se conviertan en chivos expiatorios de los problemas de la sociedad a la que llegan, tanto en países ricos como en países empobrecidos como Colombia.

El 21 de noviembre de 2019 se convirtió en un momento histórico para la movilización social en el país. Ese 21N sería el inicio de varios días de manifestaciones de una ciudadanía inconforme con el Gobierno, especialmente en Bogotá. Las protestas fueron muy variadas, y no todas fueron pacíficas, esto en buena medida por los abusos policiales en el choque con los manifestantes. Mientras la ciudad vivía duros momentos de tensión, los migrantes venezolanos fueron señalados por aparentemente participar en los disturbios registrados. El titular de los medios fue: “Expulsan de Colombia a 59 venezolanos por actos vandálicos en Bogotá”.

CAPÍTULO V

El futuro anhelado

Miguel, el venezolano que se salvó de la expulsión, volvió a trabajar, pero vivía con miedo. Esperaba que las cosas se arreglaran, que todo fuera un gran malentendido. Transitaba con zozobra, se sentía perseguido. Cuando el fallo de la tutela que buscaba frenar su expulsión salió en contra, el peligro se hizo evidente. La orden de expulsión estaba activa nuevamente.

Un día llegaron a preguntarlo a su casa y hablaron con su esposa, pero él no estaba. Desde ese momento decidió permanecer en la calle, trabajando mucho y a la vez tratando de pasar desapercibido para evitar ese encuentro. “Sabíamos que podían venir por él en cualquier momento”, recuerda su abogada.

El 17 de diciembre un grupo de oficiales de Migración Colombia llegó a la cafetería donde usualmente esperaba que le asignaran nuevos domicilios en la aplicación de su celular. Tres funcionarios lo abordaron y le indicaron que debía ir con ellos. Miguel les dijo que no podía ir hasta que hablara con su abogada, pero no se lo permitieron. Los oficiales alegaron que la suspensión de su caso había vencido varios días antes y que tenían la solicitud de expulsarlo de Colombia

Créditos

Esta publicación se realiza en el marco del proyecto Puentes de Comunicación, impulsado por Efecto Cocuyo y DW Akademie, y cuenta con el apoyo financiero del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania.


Investigación y reportería: Laura Vásquez Roa

Fotografías: Maria Alejandra Sánchez y Jimena Madero

Asistencia editorial: Melisa Parada Borda

Diseñadora gráfica: Cindy Morales

Diagramador web: Felipe Ceballos


Agradecimientos a la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes